Por Jesús Hernández
03-DIC-2006
La prostitución se desparrama por los pueblos rurales de Quintana Roo de la región limítrofe con Belice y Guatemala. El problema no es menor; es cada día más complejo y su evolución asocia la irresponsabilidad y la corrupción de todas las autoridades que tienen que ver con él.
En la Secretaría estatal de Salud revelan cifras alarmantes del descontrol del fenómeno: sólo en la Ribera del Río Hondo ejercerían el oficio unas dos mil extranjeras ilegales al margen de toda vigilancia sanitaria.
Son tan evidentes los peligros que eso entraña para la salud pública del entorno como las deficiencias de las instituciones migratorias y de seguridad.
La falta de atención sobre el hecho incrementa sus dimensiones de injusticia y de riesgo social. Son miles las inmigrantes sin papeles cuya condición de abandono y vulnerabilidad es aún más crítica que la ya de por sí precaria de las prostitutas mexicanas, quienes, en situación extrema y sin ninguna seguridad y protección de sus derechos más elementales, asumen, a menudo por hambre, el destino de la “vida fácil”.
La mayoría son centroamericanas cuyo peregrinar no es nada envidiable. Hay historias indecibles y espeluznantes; un sórdido anecdotario de abusos y tragedias sin cuento de seres humanos degradados por la exclusión, en un tiempo de éxodos globales donde la injusticia y la miseria absoluta hacen del cruce de fronteras una apuesta mortal por la sobrevivencia.
Muchas seguirán soñando el “sueño americano” y rogando a Dios que el muro del norte no se alce para que la desgracia de su vida sirva de algo. Otras ya no soñarán nada muriendo con los tres o cuatro pesos de la ganancia por trago y complaciendo a quien sea para que no las devuelva por donde vinieron al martirio olvidable de su patria de origen.
Prostitución clandestina y masiva
El caso es que ya son legión. Si la estimaciones oficiales menos rigurosas, como las de la Secretaría estatal de Salud –porque los datos del crecimiento y las cifras y proyecciones demográficas son todos inciertos, en una entidad cuya crítica dinámica poblacional, además de anárquica y vertiginosa, es la peor estudiada y atendida del país-, hablan de dos mil prostitutas indocumentadas sólo en la región rural fronteriza, entonces se trata ya de todo un segmento de la población del estado -mucho más amplio que las cifras conocidas- y de un problema múltiple de mayor escala.
Peor que eso es que nadie se ocupe del asunto y que no haya investigación institucional ni acción pública ninguna al respecto, lo cual estimula su desenvolvimiento y dispara los factores de riesgo de patologías propias del contagio sexual sin precauciones como el sida –cuya tasa se eleva sobre la anarquía migratoria y la prostitución sin orden que prolifera en ella, en la masividad urbana y en el descuido rural-, y de tendencias delictivas asociadas al mercado del sexo, como el clandestinaje del negocio del vicio, el lenocinio, el tráfico ilegal de personas y enervantes, etcétera.
Ana Laura es salvadoreña, tiene 30 años, salió de su casa a los 17 en busca de su hermana, dos años mayor, con quien se encontró en Guatemala. Ambas son casadas, tienen hijos y viven legalmente en Chetumal, a donde llegaron hace 10 años.
Llegar a Guatemala, cuenta, fue un Vía Crucis. Sólo para ser secuestrada, prostituida y vejada por un proxeneta que se había adueñado de su hermana. Escaparon de esa esclavitud, pero su condición de ignorancia y de ilegalidad las metió en la de vivir prófugas y a merced del hampa de los “giros negros” y de la perversión de los agentes de la ley. El cuero –hablan menos de la piel que del alma- se hizo duro y resistente y el oficio fue más o menos domesticado al fin. La vida del antrismo fue su vida, consumió su juventud, y para fortuna de ambas pudieron salir de él a una edad conveniente para rehacer su destino. El suyo, con aparente desenlace feliz, no es ni con mucho el de la mayoría. Es de las excepciones que confirman la regla de los finales terribles.
El negocio del sexo siempre ha sido, como el de las drogas, uno de los negocios más rentables del mundo –suelen ser de la misma familia. Y en este estado es “más notable y más negocio”, afirma un concesionario de bares legales en Chetumal, quien opera además “dos o tres” burdeles clandestinos sin más ley que la suya y “más rentables que mis cantinas [autorizadas], a las que los inspectores municipales no dejan de estar friega y friega en busca de su tajada”.
Confiesa sin vueltas que a él no le importa si las mujeres de sus antros son portadoras de alguna enfermedad. No les exige permisos de las autoridades sanitarias porque al fin y al cabo sus negocios también funcionan al margen de la ley. Pide el anonimato para él y sus negocios para evitarse problemas, y omite hablar sobre los riesgos de las enfermedades sexuales a causa de la inseguridad y la falta de control.
La tendencia creciente de dichos riesgos de salud, de dicha inseguridad y falta de control sanitario sobre el mercado del sexo, está asociada desde luego al desorbitado impulso migratorio que provoca el turismo como una actividad económica sin equilibrios sectoriales ni planeación estructural.
Claro que el problema es más sensible en las urbes turísticas del norte del estado. Pero la miseria también creciente en el entorno centroamericano empuja las oleadas de la marginación –y la prostitución lumpen que adhiere- hacia los linderos internacionales del sur de la entidad.
A lo largo de más de 100 kilómetros a la vera del Río Hondo se encuentran sexoservidoras extranjeras en cualquier tugurio de mala muerte. El dato oficial es que ejercerían en la frontera mexicana con Belice y Guatemala unas 2,000 de ellas, según el jefe de la Jurisdicción Número Uno de la Secretaría Estatal de Salud, Homero León Pérez.
La mayoría, que pudiera ser hasta el 99%, procederían de Centroamérica y en muchos casos llegarían bajo el engaño de ser contratadas para actividades diferentes a la prostitución. No es noticia la presencia de organizaciones dedicadas a la trata de blancas en la región -de lo que Estosdías ya ha dado cuenta en pasadas ediciones.
En la XI Legislatura, mientras tanto, siguen ingresando iniciativas y aprobándose leyes para evitar la explotación sexual de las mujeres, “pero una cosa son las leyes y otra su aplicación y respeto”, aclara la diputada de Acción Nacional, Patricia Sánchez Carrillo. La fracción del PRI ha impulsado varias reformas legales en ese sentido pero no hay noticias de su despliegue en los hechos.
Homero León Pérez externa el temor de las autoridades sanitarias ante la posibilidad de que se extiendan las enfermedades venéreas y el sida. Estima que unas 2,000 mujeres ejercerían la prostitución en la franja mexicana limítrofe con Belice, pero no habla de las otras 5,000 de Chetumal ni las 10,000, 15,000 ó más de los polos turísticos del norte del estado, más las que realizan la misma práctica en la Zona Maya. La prostitución no es una actividad que pueda detenerse, pero urgen programas para que quienes la practican dispongan de mayor información y protección física, moral y legal. Sobre todo en una región como la del Caribe mexicano donde la constante es la demografía y los desequilibrios sociales asociados a las desmesuras del crecimiento -un crecimiento que no quita el sueño a los funcionarios de ningún poder público o nivel de gobierno y que contrasta de manera radical con la inercia y la ineficacia de las instituciones.
Por prejuicio o lo que sea, en Othón P. Blanco, por ejemplo, la administración municipal de Cora Amalia Castilla Madrid no se decide por la creación de una zona de tolerancia donde se pueda concentrar y regular de mejor manera una actividad que, por lo pronto, es ilegal en toda la entidad aunque tolerada –lo cual constituye una doble moral pública que en nada contribuye a resolver el problema.
La XI Legislatura está en espera de una iniciativa que elaboró el perredista Rafael Quintanar González para legalizar la prostitución en Quintana Roo. El legislador ha insistido en que no trata de que se multiplique su práctica, sino que, con mayor protección legal, quienes se dediquen a ella se sujeten a normas que se establezcan para su ejercicio. La iniciativa duerme el sueño de los justos, pues no parece que pueda activarse en el corto plazo, ya que a pocos o a ninguno de los demás legisladores les interesa promoverla.
Mientras, con sólo declaraciones, lamentaciones y reconocimiento de que no es posible controlarlas, las autoridades de la Secretaría de Salud seguirán diciendo que hay 2,000, 20,000 ó más sexoservidoras sin control sanitario, y eso, en pocas palabras, es una tragedia.
Fuente : Estosdias.com
